Una investigación reveló que más de 9 mil empleados públicos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires accedían al Potenciar Trabajo, en otra muestra de las irregularidades que presentó el plan social en los últimos años.
En total, fueron contabilizadas 9.413 personas, que fueron registradas a través del informe realizado por el fiscal federal Guillermo Marijuán. En efecto, el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello ya dio de baja a 4.588 de esas personas.
Por su parte, se evalúa los últimos entrecruzamientos de datos que, en base a la orden del titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad, se realizó mediante el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Esta revelación se suma a la investigación global sobre el desmanejo del programa que hace pocos días el Gobierno eliminó para reemplazarlo en dos planes sociales. Las incompatibilidades, señalaron allegados al tema, revelan un “claro ejemplo de la utilización política que se hacía del programa”.
La causa, titulada como “defraudación contra la Administración Pública”, señaló que el desfalco al Estado Nacional era de $7.000 millones por mes; es decir, el equivalente a $84.000 millones en un año sin incluir los bonos y aguinaldos que recibieron los beneficiarios.
El lugar donde se reportó mayor cantidad de casos fue en la provincia de Buenos Aires con 2.243 personas que cobraban el beneficio de forma ilegal. Al distrito de Axel Kicillof le siguió Tucumán (1.135), La Rioja (1.060), Jujuy (652) y Corrientes (550).
Detrás aparecieron Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; Santa Cruz, 128; CABA, 231; Santa Fe, 350; San Juan, 109; Mendoza, 173; Neuquén, 343; San Luis, 43; Entre Ríos, 106; Chaco, 336; Misiones, 321; Catamarca, 194; Chubut, 104 y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 49. Estas últimas tres provincias tardaron en responder el requerimiento y fueron intimadas dos veces.
Previamente, Marijuan le había pedido a los fiscales y magistrados de cada distrito que “se proceda a ordenar al área del Ministerio de Capital Humano, que actualmente gestiona el Programa Potenciar Trabajo, que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa” para “hacer cesar los efectos del delito procediendo a la suspensión y/o baja de estos beneficios percibidos en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación”.
Una de los principales incompatibilidades para recibir al Potenciar Trabajo era “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme lo contemplado”.
Desde el inicio de la era Milei, el Gobierno dio de baja a 36.249 beneficiarios del principal programa social que tenía la ex cartera de Desarrollo Social -ahora Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia- junto al programa alimentario.
La semana pasada, se puso fin a ese beneficio social. Para sustituirlo, el ministerio de Capital Humano anunció dos nuevos programas: “Volver al Trabajo”, que funcionará en la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad, y el de “Acompañamiento Social”, que depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
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