La comunidad de Río Grande está conmocionada tras descubrirse un escándalo que involucra la venta ilegal de leche en polvo destinada originalmente a comedores y merenderos por parte del Gobierno Nacional. El doctor Francisco Giménez anunció en Radio Provincia que presentará una denuncia penal luego de confirmar estos alarmantes hechos.
Las leches fueron encontradas inicialmente en galpones del Ministerio de Capital Humano del Gobierno Nacional y posteriormente entregadas a la fundación CONIN para su distribución en comedores de la provincia. Sin embargo, según Ester López del comedor Movimiento 26 de Julio, la distribución no fue completamente transparente, con algunos comedores limitando la entrega a una unidad por familia y reteniendo parte del suministro para otros fines.
El escándalo tomó otro giro cuando se descubrió que estos productos estaban siendo comercializados en redes sociales como Facebook. Giménez detalló haber adquirido tres kilos de leche en polvo por 15 mil pesos en un barrio de Chacra, documentando la transacción como prueba para respaldar su denuncia. Es importante destacar que estos productos estaban claramente marcados con la advertencia "prohibida su venta".
Giménez ha instado a las autoridades a investigar minuciosamente cómo estos productos salieron de los comedores para terminar en el mercado negro, planteando serias dudas sobre la efectividad de los controles y la trazabilidad de los lotes distribuidos. "La justicia tendrá que evaluar si existe una trazabilidad del producto, porque están marcados con números de lote y fecha de vencimiento. Deberá determinarse a quién se entregó inicialmente y cómo salieron de su custodia hacia el mercado negro", afirmó.
Este incidente no es único en Río Grande, y casos similares han sido reportados en otras provincias como Mendoza, revelando un patrón preocupante de mal uso de recursos públicos destinados a la asistencia social.
El abogado subrayó la necesidad de un cambio cultural y responsabilidad ciudadana para enfrentar este tipo de prácticas. "Creo que la ciudadanía debemos asumir la responsabilidad y contribuir a un cambio cultural donde estas acciones sean vistas como inaceptables. Debe ser investigado y penalizado por la justicia, y debe ser expuesto a la luz pública como algo incorrecto", enfatizó.
La denuncia de Giménez resalta la urgencia de implementar medidas más rigurosas y transparentes en la distribución de alimentos y recursos sociales. Este escándalo subraya la necesidad de reformas profundas para asegurar que los alimentos lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan, evitando cualquier desviación por intereses ilegítimos en el camino.