La provincia mantiene vigente una legislación de cupo femenino sancionada en 1998, que garantiza un piso del 30% de representación. Mientras otras jurisdicciones avanzaron hacia la paridad, Tierra del Fuego continúa sin una normativa que establezca la participación igualitaria en las listas electorales. Con proyectos presentados desde hace años y sin acuerdos que permitan avanzar, el desafío es que la Legislatura alcance un consenso antes de las próximas elecciones.
Tierra del Fuego continúa arrastrando una deuda institucional en materia de representación política: la aprobación de una ley de paridad de género. A 28 años de la sanción de la Ley Provincial 408, que estableció el cupo femenino del 30%, la provincia todavía no adecuó su legislación electoral a un esquema de participación igualitaria.
El dato no es menor. Según el relevamiento de la Cámara Nacional Electoral, Tierra del Fuego y Tucumán son las únicas dos provincias que todavía mantienen un sistema de cupo femenino en lugar de contar con una ley provincial de paridad. Mientras tanto, el resto de las jurisdicciones avanzó con distintas normativas para garantizar la integración equilibrada de las listas legislativas.
La discusión tampoco es nueva. En 2022 llegaron a presentarse cinco proyectos de distintos espacios políticos, además de una iniciativa impulsada por el Movimiento de Mujeres Paritaristas. Sin embargo, aquellas propuestas no consiguieron los consensos necesarios para avanzar en la Legislatura y terminaron sin convertirse en ley.
Desde entonces, el reclamo volvió a instalarse, pero la respuesta legislativa continúa pendiente.
La politóloga Claudia Asin, integrante del Movimiento de Mujeres Paritaristas, volvió a cuestionar públicamente la falta de avances y apuntó a la responsabilidad de quienes tienen la facultad de impulsar y aprobar una modificación normativa.
Uno de los aspectos centrales del debate es que el actual sistema establece un mínimo del 30% de representación femenina, mientras que la paridad propone una integración del 50%, con alternancia en las listas. Una diferencia que no es solamente numérica: también determina las posibilidades concretas de acceder a lugares competitivos y ocupar espacios de decisión.
La situación también expone una contradicción institucional. Mientras Río Grande y Ushuaia incorporaron mecanismos de paridad en sus respectivos ámbitos municipales, la provincia continúa sin dar ese mismo paso para la conformación de sus órganos de representación política.
De cara a un nuevo proceso electoral, la discusión vuelve a adquirir relevancia. La posibilidad de que Tierra del Fuego llegue a las próximas elecciones sin una ley de paridad obliga a poner el tema nuevamente en el centro de la agenda pública.
No debería ser una discusión que aparezca únicamente cuando comienzan a confeccionarse las listas o cuando las fuerzas políticas necesitan definir candidaturas. La igualdad en la representación requiere reglas claras, previsibilidad y, fundamentalmente, una decisión política que trascienda las diferencias partidarias.
La Legislatura tiene por delante la responsabilidad de generar los acuerdos necesarios. Después de casi tres décadas bajo una legislación de cupo y cuatro años desde aquella presentación de proyectos que no prosperaron, el interrogante sigue vigente: ¿cuánto tiempo más deberá esperar Tierra del Fuego para contar con una ley de paridad?
El desafío es que esta vez exista un consenso político real y que la discusión no vuelva a quedar postergada. La paridad no debería depender de la voluntad circunstancial de cada espacio político ni convertirse en una promesa de campaña. Debería ser una regla institucional acordada antes de que comience una nueva disputa electoral.