La discusión sobre el Presupuesto 2025, presentado recientemente en la Legislatura, ha generado fuertes críticas debido a la reducción de fondos destinados a los municipios. La cifra estimada del presupuesto asciende a 1.3 billones de pesos, de los cuales una gran mayoría está destinada a gastos corrientes, lo que ha despertado preocupación entre diversos sectores.

La principal inquietud radica en el artículo 23 del proyecto, que estipula la retención del 20% de Ingresos Brutos antes de la distribución secundaria a los municipios. Estos fondos, que tienen una asignación específica, no deberían ser manipulados a discreción del gobierno provincial, sino que son una responsabilidad directa de los municipios. Sin embargo, el proyecto de presupuesto establece un superávit de 11 mil millones de pesos, que, según las críticas, proviene de los recursos que se restan a los municipios.

Otro punto de controversia es la baja inversión en obras públicas, que representa solo el 7% del presupuesto, mientras que más del 93% se destina a cubrir gastos corrientes. Esta falta de inversión es señalada como la causa principal de los problemas que enfrentan servicios esenciales como la energía y la infraestructura escolar. La falta de fondos para proyectos de energía en localidades como Ushuaia y Tolhuin está afectando el desarrollo de nuevas inversiones.

Además, la transparencia del gobierno provincial ha sido cuestionada, ya que varios pedidos de informes sobre temas cruciales, como la energía, han quedado sin respuesta. Esta situación ha llevado a la exigencia de mayor claridad por parte de los funcionarios, especialmente en un contexto donde la distribución de recursos es tan disputada.

En paralelo a la polémica por el presupuesto, la suspensión de una Sesión Especial convocada para discutir temas urgentes ha generado más tensiones. La falta de quórum, necesario para ratificar la convocatoria, es vista como parte del juego legislativo, donde las mayorías y minorías tienen el poder de decidir qué temas se debaten y cuándo. Aunque se esperaba que se tratara una moratoria, entre otros temas importantes, la decisión quedó postergada para la próxima sesión ordinaria.

La construcción de mayorías en la Legislatura, que se ha vuelto cada vez más fragmentada, también fue objeto de reflexión. Con ocho bloques en juego, las alianzas son coyunturales y lo que hoy es una mayoría, mañana puede no serlo. Esto genera una dinámica donde los acuerdos son efímeros y las decisiones, impredecibles.

En otro ámbito, se anticipa un rechazo al proyecto de adhesión al Régimen de Inversiones de Gran Importancia (RIGI), presentado por el bloque de La Libertad Avanza. La crítica principal radica en que este régimen exime a los inversores extranjeros de cumplir con la normativa nacional durante 30 años, lo que se considera una pérdida de soberanía. Aunque se reconoce la importancia de atraer inversiones estratégicas, se argumenta que esto no debe hacerse a expensas de la normativa que rige a todos los ciudadanos y empresas del país.

La discusión se centra en la necesidad de un equilibrio entre fomentar inversiones y preservar la soberanía nacional. Casos como Vaca Muerta, que se desarrolló sin necesidad del RIGI, son citados como ejemplos de cómo es posible atraer inversiones estratégicas sin renunciar al cumplimiento de las leyes nacionales.