El próximo 6 de agosto, el Senado debatirá el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional. Aunque el nombre de la iniciativa parece limitarse a reforzar el derecho de los propietarios, el texto incorpora modificaciones que van mucho más allá y que despertaron fuertes cuestionamientos de organizaciones sociales, especialistas y sectores de la oposición.

Uno de los puntos más controvertidos es la derogación de la Ley de Barrios Populares, una norma que actualmente protege a miles de familias de desalojos mientras avanzan los procesos de urbanización y regularización dominial. Si el proyecto es aprobado, esas garantías desaparecerían y podría abrirse la puerta a un aumento de los procesos de desalojo en distintos puntos del país.

Pero la polémica no termina ahí. La iniciativa también modifica la Ley de Tierras Rurales, flexibilizando las restricciones para que personas y empresas extranjeras puedan adquirir grandes extensiones de tierras en Argentina.

Quienes cuestionan el proyecto sostienen que esta modificación poco tiene que ver con la defensa de la propiedad privada y, en cambio, representa un cambio profundo en la política de administración del territorio nacional. Advierten que la eliminación de límites podría favorecer la concentración de tierras estratégicas en manos de capitales extranjeros, incluyendo zonas con recursos naturales, agua dulce, potencial energético y áreas cercanas a las fronteras.

En provincias como Tierra del Fuego, estas preocupaciones adquieren un peso especial. Su ubicación geopolítica, la cercanía con el Atlántico Sur, la riqueza de sus recursos naturales y su condición de provincia fronteriza hacen que cualquier flexibilización en la venta de tierras sea observada con especial atención.

Mientras el Gobierno argumenta que las medidas fortalecerán la seguridad jurídica y atraerán inversiones, las críticas apuntan a que el proyecto prioriza el mercado por sobre el interés público y reduce herramientas que el Estado tenía para proteger tanto el acceso a la vivienda como el control sobre tierras consideradas estratégicas.

El debate que llegará al Senado excede la defensa de la propiedad privada, un derecho ya garantizado por la Constitución Nacional. Lo que está en discusión es el modelo de país que se pretende construir: uno con mayores controles sobre el territorio y políticas de integración urbana, o uno que avance hacia una mayor desregulación del mercado de tierras y un fortalecimiento del derecho individual de propiedad.