La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, confirmando su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Con este fallo, el máximo tribunal confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 y ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal, por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
El expediente, registrado bajo el N.º 2833/CSJN, representa un capítulo crucial en una de las causas judiciales más resonantes de la historia reciente del país.
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, tras un exhaustivo análisis, concluyeron que no existieron violaciones a las garantías constitucionales alegadas por la defensa, como el debido proceso, el derecho a la defensa en juicio o el principio de legalidad.
La causa vialidad
Es un proceso judicial que investigó irregularidades en la asignación de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Este caso, que culminó con la condena de la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ha sido uno de los más resonantes en la historia política reciente del país.
La “causa Vialidad”, como se popularizó, se centra en el direccionamiento de contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de empresas del empresario Lázaro Báez, amigo cercano de la familia Kirchner y propietario de Austral Construcciones.
Según la investigación, se adjudicaron de manera irregular 51 obras viales por más de 46 mil millones de pesos, con licitaciones manipuladas, sobreprecios, falta de controles y pagos por trabajos inconclusos o no realizados. La acusación sostiene que se montó una organización criminal desde el Poder Ejecutivo Nacional, liderada por Cristina Fernández, para desviar fondos públicos en beneficio de Báez.
El caso comenzó con una denuncia de Elisa Carrió en 2008, pero tomó impulso en 2016 tras una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) bajo la gestión de Javier Iguacel, que reveló irregularidades en la asignación de obras en Santa Cruz. La investigación determinó que el 80% de las obras viales en la provincia fueron adjudicadas a empresas de Báez, particularmente Austral Construcciones, en condiciones preferenciales.
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