El Ministerio de Seguridad de la Nación, liderado por Patricia Bullrich, ha anunciado la implementación de un programa de recompensas destinado a ciudadanos que aporten información sobre individuos que incurran en actos de violencia durante manifestaciones. Esta iniciativa surge tras los graves incidentes ocurridos el 12 de marzo frente al Congreso Nacional, donde una protesta de jubilados culminó en enfrentamientos que dejaron más de 120 detenidos y al menos 45 heridos, incluyendo al fotoperiodista Pablo Grillo, quien sufrió una fractura de cráneo al ser impactado por un cartucho de gas lacrimógeno.
Según la Resolución 357/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio ofrece una recompensa de diez millones de pesos a quienes, sin haber participado en los hechos delictivos, proporcionen datos precisos que permitan identificar y capturar a los responsables de promover disturbios y delitos en la zona del Congreso durante la mencionada protesta.
La ministra Bullrich justificó esta medida al afirmar que "una cosa son 200 jubilados que van a protestar a las inmediaciones del Congreso. Lo que sucedió el miércoles [...] está por fuera de la Constitución". Además, señaló que los incidentes fueron perpetrados por "miembros de grupos organizados y 'barras bravas' de diferentes parcialidades futbolísticas", con el objetivo de desestabilizar al gobierno.
Esta estrategia busca involucrar a la ciudadanía en la identificación de individuos que, bajo la apariencia de manifestantes, cometen actos violentos y delictivos durante las protestas, afectando el orden público y la seguridad de todos. El gobierno espera que, con la colaboración ciudadana incentivada por estas recompensas, se logre una identificación más efectiva de los responsables y se promueva la paz social.
La implementación de este programa ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social, abriendo un debate sobre la eficacia y las implicaciones de incentivar económicamente la denuncia ciudadana en el contexto de las protestas sociales.
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