A partir de una reciente resolución de la Justicia Federal, las y los usuarios del servicio de gas en Tierra del Fuego tendrán un plazo de 15 días hábiles para manifestar su voluntad de participar –o no– del amparo colectivo presentado contra los aumentos tarifarios.
Se trata de una causa iniciada este año contra el Estado Nacional y la Secretaría de Energía de la Nación, a raíz de los fuertes incrementos en las tarifas del servicio. El expediente es tramitado por el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, quien resolvió otorgar este plazo para que cada ciudadano pueda decidir individualmente si quiere ser representado en el juicio.
El secretario del Juzgado Federal de Río Grande, doctor Juan Vicente, explicó en diálogo con el programa Periodismo, que esta causa "es un proceso de carácter colectivo que tiene que ver con el derecho de defensa del consumidor". Y agregó que "las demandadas habían cuestionado la capacidad del Estado Provincial de representar a todos los consumidores", motivo por el cual se estableció que la representación recaiga en una asociación de consumidores y usuarios, en este caso, para quienes sean usuarios residenciales.
“La jueza resolvió que esta asociación será la que represente a los usuarios domiciliarios en el proceso. Quienes no quieran ser parte pueden manifestar su voluntad presentándose con su DNI y una factura de gas a su nombre, en las sedes judiciales habilitadas”, afirmó Vicente.
Hasta ahora no se ha registrado ningún caso de personas que hayan optado por quedar fuera del proceso. “Lo que dispuso el tribunal fue darle difusión pública para que quienes quieran quedar excluidos del juicio puedan hacerlo manifestando su voluntad”, explicó.
La causa comenzó con una presentación de la Fiscalía de Estado de la Provincia ante las disposiciones que habilitaron los aumentos. “Se había ordenado como primera medida cautelar interina la de impedir los cortes de suministro por falta de pago de los aumentos, lo cual fue convalidado por la Cámara de Apelaciones”, recordó el secretario judicial. También se había dictado una cautelar que frenaba los aumentos durante 60 días, pero fue revocada posteriormente.
Sobre los plazos para una resolución definitiva, Vicente fue cauteloso: “Lamentablemente no podemos dar una fecha cierta. Han existido recusaciones, planteos de falta de legitimación y de incompetencia, lo que ha demorado el avance del expediente. Estamos dentro de los plazos que prevé el Código con las incidencias propias de este tipo de procesos”.
Las personas que deseen quedar fuera del amparo colectivo pueden presentarse con su DNI y una factura de gas a su nombre en los Juzgados de Río Grande, Tolhuin o Ushuaia. “Si no hacen nada, continuarán bajo la representación de esta ONG que representa a los consumidores y usuarios”, aclaró el doctor Vicente.
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