Es una decisión que tomó por sorpresa al Gobierno fueguino, el Ejecutivo nacional dispuso la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia por un plazo de 12 meses. La medida comenzó a ejecutarse durante la madrugada de este martes, apenas pasada la medianoche, con el ingreso de autoridades nacionales escoltadas por personal de Prefectura Naval Argentina.
La resolución fue firmada por el director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Miguel Arreseygor, organismo dependiente del Ministerio de Economía de la Nación. La intervención quedó a cargo de la Gerencia de Coordinación Técnica de la Agencia Nacional de Puertos, encabezada por Cristian Rigueiro, que actuará como unidad ejecutora durante el período establecido.
Según se informó oficialmente, la Agencia asumirá la gestión operativa, técnica y administrativa del puerto, con la obligación de garantizar la continuidad de los servicios mínimos y la seguridad portuaria. La intervención alcanza a la infraestructura de explotación, maquinaria, equipamiento, instalaciones y todos los aspectos vinculados a la operatoria portuaria.
El operativo se concretó con la presencia de Prefectura y de ARCA, y se produjo pese a que el Gobierno Provincial ya había respondido a todas las objeciones e inspecciones formuladas por Nación en los últimos meses. Dichas actuaciones se originaron a partir de una denuncia presentada el 5 de septiembre de 2025 por el secretario general de la Unión Personal Superior Ferroviario de Tierra del Fuego, junto a otros actores del sector portuario.
En ese planteo se cuestionó la ley provincial 1596, de “Sostenibilidad y Fortalecimiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF)”, al considerar que la utilización de fondos del superávit del Puerto de Ushuaia para financiar la obra social podría comprometer la autonomía financiera y la operatividad de la Dirección Provincial de Puertos. En el marco de esa denuncia, se realizó una inspección que señaló presuntas falencias estructurales.
Desde la Dirección Provincial de Puertos se había rechazado ese diagnóstico, sosteniendo que las conclusiones de la comisión inspectora no reflejaban la situación real del organismo, que se encontraba —según indicaron— en un proceso continuo de ejecución de obras de infraestructura, entre ellas la ampliación del Muelle Comercial.
Incluso, hasta el próximo 5 de febrero existían plazos técnicos abiertos para continuar las tratativas entre Provincia y Nación. Sin embargo, la Agencia Nacional de Puertos resolvió avanzar de manera inmediata con la intervención, lo que abre ahora un escenario de posible respuesta política y judicial por parte del Gobierno fueguino, que evalúa recurrir la medida en defensa de la autonomía provincial.
Mientras tanto, las actividades del puerto y su personal continuarán desarrollándose en las mismas condiciones operativas que hasta ayer, aunque desde ahora bajo la conducción de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
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