Oscar Mauricio Ulloa murió mientras esperaba una medicación oncológica que había sido indicada y autorizada. No se trataba de una gestión opcional ni de un trámite menor: era un tratamiento urgente, necesario para sostener su vida. La droga nunca llegó.
El caso vuelve a poner en discusión el funcionamiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y sus tiempos administrativos frente a situaciones críticas. En procesos oncológicos, las demoras no son neutras: cada día cuenta, cada interrupción tiene consecuencias.
Según relataron sus allegados, la urgencia fue advertida en reiteradas oportunidades. La necesidad del medicamento estaba respaldada médicamente y el riesgo de no acceder a él era conocido. Aun así, el expediente avanzó con la lentitud habitual de un sistema que no distingue entre una urgencia vital y un trámite común.
OSEF arrastra desde hace tiempo serias dificultades operativas. Prestadores con pagos atrasados, autorizaciones demoradas, tratamientos interrumpidos y afiliados obligados a readecuar su atención en medio de cuadros complejos forman parte de un escenario que se repite. En ese contexto, los pacientes quedan atrapados en una lógica administrativa que no siempre contempla la gravedad de cada caso.
La muerte de Ulloa no puede leerse como un hecho aislado. Expone un problema estructural: una obra social que no logra responder con rapidez cuando la situación lo exige, y una burocracia que termina imponiendo sus tiempos sobre las necesidades médicas.
No hubo una resolución a tiempo. No hubo una respuesta acorde a la urgencia.
El fallecimiento de Oscar Mauricio Ulloa deja una pregunta abierta y urgente: qué ocurre cuando el sistema de cobertura sanitaria falla justamente cuando más se lo necesita
Comentarios