Desde el Frente Renovador a través de un documento han expresado lo siguiente:
Desde distintos sectores sociales, sindicales y ciudadanos advertimos que el llamado a reformar la Constitución Provincial en este contexto crítico no es una “instancia histórica”, sino una decisión inoportuna y desconectada de la realidad.
La reforma constitucional no es un mandato irreversible: puede ser suspendida o revisada si las condiciones económicas y sociales lo exigen.
Más aún cuando una mayoría agravada de 11 legisladores, por mandato popular, así lo han decidido democráticamente.
Pretender que el proceso es intocable equivale a negar la soberanía popular y a imponer un camino que compromete recursos públicos en medio de una crisis que golpea a trabajadores, estudiantes y jubilados.
Hoy la provincia enfrenta un déficit mensual de más de 27.000 millones, un puerto intervenido, una obra social quebrada, policías retiras sin percibir haberes escuelas sin clases y empleados estatales sin aumentos.
En este escenario, destinar miles de millones a una reforma constitucional significa priorizar la política sobre las necesidades urgentes de la gente.
Lejos de generar seguridad jurídica, insistir en este proceso genera incertidumbre y erosiona la confianza en las instituciones.
La verdadera responsabilidad institucional es garantizar servicios básicos, salarios dignos y estabilidad social, no embarcarse en un proyecto que puede agravar la conflictividad.
La ciudadanía necesita soluciones concretas, no promesas de “más derechos” en un futuro incierto. La mejor manera de honrar la democracia es escuchar las demandas actuales y posponer la reforma hasta que existan condiciones económicas y sociales que la hagan viable.
Por eso sostenemos que el proceso constituyente debe ser detenido: porque cuando se trata del futuro de nuestra provincia, las reglas no pueden imponerse a costa del bienestar inmediato de los fueguinos y fueguinas.
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