“Lo que sucede en Mirgor es gravísimo”, afirmó Pérez a través de sus redes sociales. Y planteó que detrás de cada puesto de trabajo perdido existe una realidad que trasciende las estadísticas: “Detrás de cada trabajador que pierde su empleo hay una familia fueguina que queda en la incertidumbre. En definitiva, la comunidad completa termina recibiendo el golpe”.
Para el Intendente, la situación debe analizarse en el marco de un proceso que viene afectando de manera directa a la estructura productiva de Tierra del Fuego. En ese sentido, cuestionó las políticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que “sigue tomando una medida tras otra que le pegan, sin escalas, a nuestra industria”.
“Milei desmantela el trabajo fueguino. Abren importaciones por todos los canales imaginados como si fuésemos un depósito gigante y no un país que debe proteger a millones de trabajadores”, sostuvo Perez.
El jefe comunal también marcó una diferencia con las estrategias adoptadas por otros países para proteger sus capacidades productivas. “Los países centrales suben aranceles, vuelven a la industria. Milei acelera para el otro lado y los resultados son estos”, señaló.
La preocupación adquiere una dimensión particular en Río Grande, donde la actividad industrial constituye uno de los principales motores de la economía local y sostiene un entramado de trabajadores, comercios, proveedores y familias que dependen directa e indirectamente de su funcionamiento.
Sin embargo, el planteo del Intendente no se limita a cuestionar las decisiones del Gobierno nacional. Perez también reclamó responsabilidad a las empresas que durante décadas desarrollaron sus actividades al amparo del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego.
“Las empresas que acumularon ganancias durante décadas al amparo del régimen industrial fueguino tienen una responsabilidad con nuestra provincia y con sus trabajadores”, afirmó.
En ese sentido, dejó planteado uno de los principales interrogantes frente al actual escenario:
“¿Los beneficios son privados y las pérdidas son de toda la comunidad?”.
Para Perez, la respuesta debe ser clara. *“La primera variable de ajuste deben ser sus márgenes de ganancia y NO el empleo”*, sostuvo, reclamando que las dificultades económicas no recaigan sobre quienes todos los días sostienen con su trabajo la producción fueguina.
El Intendente remarcó que Tierra del Fuego necesita un sector privado que asuma un compromiso de largo plazo con la provincia. “Necesitamos empresarios que produzcan, inviertan y se comprometan con la comunidad que les permitió expandirse y acumular”, afirmó.
La posición planteada por Pérez busca poner nuevamente en el centro del debate la defensa del trabajo fueguino y el rol estratégico de la industria para el desarrollo de Río Grande.
En ese marco, sostuvo que defender la industria no puede reducirse a discutir exclusivamente beneficios fiscales, inversiones o niveles de producción. También implica proteger los puestos de trabajo y garantizar que las familias que dependen de la actividad industrial no sean las primeras en pagar el costo de las decisiones económicas.
“Defender nuestra industria también es defender a quienes todos los días trabajan para sostenerla”, afirmó el Intendente.
Los despidos anunciados en Mirgor representan así una nueva señal de alerta para Río Grande y vuelven a poner en discusión el futuro del entramado industrial fueguino frente a un escenario nacional marcado por la apertura de importaciones y cambios en las condiciones de producción.
Para el Municipio, la discusión excede a una empresa y a una coyuntura particular. Se trata de definir qué modelo productivo quiere sostener Tierra del Fuego y, fundamentalmente, qué lugar ocuparán los trabajadores en ese proceso.
Porque detrás de cada puesto de trabajo industrial hay una familia. Y detrás de cada fábrica hay una comunidad que necesita que la producción, la inversión y el empleo sigan siendo parte del futuro de Río Grande.
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