El 24 de marzo es una fecha fundamental en la historia argentina. Cada año, el país recuerda el golpe de Estado de 1976, que dio inicio a la última dictadura cívico-militar (1976-1983), un período marcado por la represión, el terrorismo de Estado y la desaparición forzada de miles de personas. La jornada se convirtió en un espacio de reflexión y reivindicación de la memoria, la verdad y la justicia, con el firme propósito de que estos crímenes de lesa humanidad nunca vuelvan a repetirse.
El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón e instauraron un régimen militar que se extendió hasta 1983. Durante esos años, la dictadura llevó adelante un plan sistemático de represión, que incluyó la persecución política, la censura, la apropiación de menores, la tortura y el asesinato de miles de personas. Según los organismos de derechos humanos, 30.000 personas fueron desaparecidas. El régimen justificó sus acciones bajo el pretexto de combatir el "enemigo interno", en referencia a militantes políticos, sindicalistas, intelectuales y estudiantes, entre otros sectores críticos al gobierno militar. Las víctimas fueron secuestradas, trasladadas a centros clandestinos de detención, donde sufrieron torturas, y en muchos casos fueron asesinadas sin dejar rastro.
Desde el inicio de la dictadura, organismos de derechos humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo comenzaron a denunciar las desapariciones y a exigir la aparición con vida de sus familiares. A pesar de la censura y la represión, estas organizaciones se convirtieron en símbolos de resistencia y lucha por la verdad. Uno de los mayores crímenes del régimen fue el robo de bebés. Muchas mujeres embarazadas fueron secuestradas y dieron a luz en cautiverio, tras lo cual sus hijos fueron apropiados por familias vinculadas a la dictadura. Gracias al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo y la utilización de pruebas de ADN, hasta la fecha se han recuperado más de 130 nietos que fueron restituidos a sus familias biológicas.
Con el regreso de la democracia en 1983, el presidente Raúl Alfonsín impulsó el Juicio a las Juntas Militares, donde se condenó a los principales responsables del terrorismo de Estado. Sin embargo, durante los años 90, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos otorgados por el gobierno de Carlos Menem frenaron los procesos judiciales. A partir de 2003, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, el Estado argentino retomó el compromiso con los derechos humanos. Se declararon nulas las leyes de impunidad, se reabrieron los juicios y muchos represores fueron condenados por crímenes de lesa humanidad. Hasta la actualidad, cientos de responsables han sido juzgados y encarcelados.
Cada año, en todo el país se realizan marchas, actos y actividades culturales para recordar a las víctimas de la dictadura y reafirmar el compromiso con la democracia y los derechos humanos. En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización más importante tiene lugar en la Plaza de Mayo, donde miles de personas se congregan para recordar a los desaparecidos y exigir justicia. En diferentes provincias, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, estudiantes y familiares de las víctimas participan en jornadas de reflexión, intervenciones artísticas y charlas educativas en escuelas y universidades. En esta fecha, es común la consigna "Nunca Más", en referencia al informe de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), que documentó los crímenes de la dictadura y sentó las bases para el juicio a los responsables.
El Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia no es solo una fecha de conmemoración, sino un llamado a la sociedad para seguir construyendo una democracia basada en el respeto a los derechos humanos y la justicia. Recordar lo ocurrido no es un acto del pasado, sino una tarea permanente para que las nuevas generaciones conozcan la historia y se comprometan con el Nunca Más. Hoy, a 48 años del golpe de Estado, Argentina sigue avanzando en la búsqueda de justicia y en la construcción de una memoria colectiva que mantenga viva la lucha por los derechos humanos.
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